Cómo las células de crisis antiviolación en Pakistán transforman la asistencia que se brinda a las supervivientes

Una tarde, este vecino logró entrar a su casa y abusó de ella.

“Era más fuerte que yo”, recuerda. “Me paralizó el miedo y perdí la conciencia”.

En los últimos cinco años, alrededor de 1,8 millones de mujeres en Pakistán se han enfrentado a ciberdelitos como acoso y chantaje; sin embargo, solo el 3,5 por ciento de los actores de este tipo de delitos han sido condenados. En 2023, la línea de ayuda de la Digital Rights Foundation recibió 2473 denuncias —el 59 por ciento de ellas hechas por mujeres—; en su mayoría se trataba de acoso a través WhatsApp o Facebook. 

La ley de prevención de ciberdelitos de Pakistán de 2016 tipifica como delitos el ciberacoso, el chantaje y la divulgación sin consentimiento de datos personales, e impone penas de hasta tres años de prisión y multas de un millón de rupias. Sin embargo, la implementación deficiente de las leyes, la poca concientización y el estigma siguen siendo una barrera para que las mujeres puedan buscar justicia.

El día que la atacaron, Nadia se despertó en el hospital. La empatía y la comprensión que sintió de su madre, del personal médico y de la policía fueron el punto de partida para su recuperación.  

Sus padres la llevaron a la primera célula de crisis antiviolación de Pakistán, ubicada en Karachi desde 2023 gracias al apoyo de ONU Mujeres y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la embajada de los Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés). En esta célula se brinda tratamiento médico, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y apoyo forense, todo en el mismo lugar, todo el día y todos los días.  

La terapia y el asesoramiento de apoyo le recordaron a Nadia que el ataque no había sido su culpa, y poco a poco recuperó su confianza y seguridad. 

“Por primera vez después del ataque, sentí que no estaba sola. La célula de crisis antiviolación me devolvió la voz”, compartió Nadia. “Tengo la fuerza para pedir justicia, no solo para mí, sino también para toda mujer que ha sido silenciada”.

La violencia sexual es una práctica extendida en Pakistán. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2023 se registraron 6624 casos de violación en todo el país, lo que equivale a decir que se viola a una mujer cada 45 minutos. No obstante, las tasas de condenas por estos delitos siguen en niveles bajos debido al estigma social predominante, a investigaciones policiales y prácticas forenses inadecuadas, a las demoras procesales y judiciales, y la impunidad arraigada en la cultura.

A raíz de la violación en grupo ocurrida en una carretera en 2020, la indignación pública que provocó el que los funcionarios culparan a las víctimas llevó a la aprobación de la ley antiviolación en el año 2021. Esta ley introdujo protecciones más sólidas, procedimientos médicos y jurídicos estandarizados, y dictó la creación de células de crisis antiviolación. Pero las leyes solo funcionan cuando se garantiza su cumplimiento y se les asigna presupuesto para materializar sus disposiciones. Con el apoyo de la INL, ONU Mujeres ayudó al gobierno de Pakistán a desarrollar procedimientos de implementación para las células de crisis. Como resultado, ahora los hospitales públicos están obligados a tener células de crisis antiviolación como espacios de servicios integrales para supervivientes.

“A lo largo de los años, hemos sido testigos de innumerables casos de violencia sexual en Pakistán”, explica la doctora Summaiya Syed, jefa de Cirugía de la Policía de Karachi. “El concepto de célula de crisis es transformador, ya que reúne todos los servicios básicos —atención médica y psicológica, recolección y conservación de pruebas, análisis forense, asistencia con el registro del primer informe de denuncia y asesoramiento jurídico— en un solo lugar que garantiza justicia y dignidad a las supervivientes”.

Lo que empezó como un solo centro en Karachi creció hasta convertirse en ayuda vital para cientos de mujeres en Pakistán. Ahora, hay seis células de crisis antiviolación distribuidas en Islamabad, Karachi, Lahore (dos centros), Multán y Rawalpindi que funcionan dentro de hospitales públicos y están vinculadas a los centros de denuncia policial. Tan solo en 2024, estas células brindaron servicios médicos, jurídicos y psicológicos básicos a 437 personas supervivientes de violencia sexual, entre las que se contaban 219 menores.

“En muchos casos, quienes prestan servicios médicos o jurídicos no han recibido suficiente capacitación para redactar denuncias”, explica Chaudhary Muhammad Jahangir, director general del Centro para el desarrollo profesional de fiscales, y agrega que esta situación debilita los argumentos jurídicos contra los perpetradores. Las células de crisis cuentan con personal jurídico y médico capacitado para quitar ese obstáculo del sistema.

“Las células de crisis antiviolación materializan la esperanza y la resiliencia”, agrega Jamshed M. Kazi, representante de ONU Mujeres en Pakistán.

La persona que atacó a Nadia fue arrestada y condenada conforme a la ley antiviolación. El proceso sigue, pero ahora ella se siente empoderada y en control de su vida nuevamente. Volvió a dar clases y se convirtió en una referente para otras supervivientes, ya que les brinda orientación para que puedan obtener apoyo y justicia.

“Ninguna mujer debería atravesar lo que yo viví. Pero, si les pasa, quiero que sepan que no están solas”, señala. 

La expansión de las células de crisis antiviolación marca un hito en el avance de Pakistán hacia el cumplimiento de los compromisos de Beijing+30. Mientras se desarrollan las iniciativas de los 16 Días de activismo, el foco sigue siendo claro: desarrollar sistemas que protejan, empoderen y brinden justicia a todas las supervivientes de violencia sexual. 

*Se cambió el nombre de la superviviente para proteger su identidad.